Análisis sobre la prueba en delitos sexuales

En muchos juicios por delitos sexuales se incorpora un informe psicológico escrito durante un tratamiento, como si sirviera para probar que el hecho ocurrió o quién lo cometió. En este artículo explico que el informe clínico y la evaluación forense responden preguntas distintas, con métodos y finalidades distintas.

Los síntomas pueden mostrar sufrimiento, necesidad de tratamiento o un deterioro, pero no indican por sí mismos qué acontecimiento los originó ni quién fue su autor. Propongo distinguir entre acompañar y contrastar, y una escala de cinco niveles: descripción de síntomas, diagnóstico clínico, evaluación de daño, compatibilidad con una causa y atribución causal individual.

El modelo CAVAS-INSCRIM, del Instituto de Criminología de la PDI, se usa para evaluar a presuntas víctimas de delitos sexuales. Sostengo que bajo ese nombre conviven tres cosas distintas: una metodología integral, un sistema de análisis de credibilidad y un protocolo de entrevista.

La evidencia disponible valida solo aspectos de procedimiento del protocolo de entrevista. Su validación es de circuito cerrado: el modelo fue creado, aplicado, evaluado y publicado por la misma institución, sin replicación independiente ni tasa de error conocida. Además, la Ley 21.057 trasladó al tribunal la evaluación de la credibilidad.

Analizo qué pasa cuando informes psicológicos y sociofamiliares hechos en tribunales de familia se trasladan a un juicio penal. El problema principal no es la competencia de los profesionales, sino el cambio de finalidad: instrumentos pensados para decidir medidas de protección terminan usándose para acreditar responsabilidad penal.

Identifico cuatro problemas: la falta de registro literal de entrevistas anteriores a la regulada por la Ley 21.057; el uso de la expresión «diagnóstico de abuso sexual», sin sustento psicométrico; el análisis de relatos que ya fueron intervenidos, y la lectura de la coincidencia entre informes como si fuera una confirmación independiente, cuando unos dependen de otros. Propongo diez estándares de admisibilidad.

El síndrome de acomodación al abuso sexual infantil fue formulado por Summit en 1983. En 1992 y 1993 su propio autor aclaró que era una opinión clínica, no un instrumento científico, y rechazó usarlo para acreditar un abuso.

Revisé veintiocho documentos oficiales de quince jurisdicciones y un instrumento regional. El texto original se cita entre 14 y 17 veces más que la aclaración posterior, y ninguno de los documentos verificados que incorporan el texto de 1983 cita esa advertencia.

La entrevista única suele presentarse como una exigencia normativa y científica para evitar la victimización secundaria. Reviso si esa afirmación se sostiene en las normas y en la evidencia disponible.

El Convenio de Lanzarote ordena reducir el número de entrevistas a lo estrictamente necesario. Los estudios revisados no muestran que el número, por sí solo, explique el daño: los resultados dependen del tipo de preguntas, del apoyo, del intervalo y del entrenamiento. Las fuentes sostienen una presunción protectora estricta contra entrevistas sucesivas, no una prohibición absoluta, y propongo diez salvaguardas para los casos excepcionales.

La victimización secundaria se invoca para reducir la exposición de niños y niñas al proceso penal, pero el término agrupa fenómenos distintos: respuestas sociales negativas, carga del procedimiento, riesgos para la calidad del relato y restricciones a la participación.

Esos fenómenos no tienen el mismo mecanismo ni el mismo remedio. Restringir la participación de un niño por razones de protección exige identificar el daño concreto que se quiere evitar y justificar la medida que corresponde.

Estudio cómo se prueba un acceso carnal por vía bucal cuando no hay lesiones, rastros biológicos ni evidencia independiente del relato. La boca elimina los rastros en pocas horas, por lo que en denuncias tardías la medicina legal no puede confirmar ni descartar el hecho.

La falta de evidencia física no impide una condena, pero exige una fundamentación mayor: demostrar la fiabilidad del relato, descartar explicaciones alternativas y verificar que las corroboraciones sean realmente independientes. El estándar del artículo 340 del Código Procesal Penal obliga a distinguir la ausencia de evidencia de la evidencia de ausencia, sin relajar la duda razonable.

Las evaluaciones de riesgo de reincidencia influyen en decisiones sobre libertad, supervisión y tratamiento, pero suelen presentar datos de grupos como si describieran a una persona concreta.

Que un instrumento distinga bien entre grupos no significa que esté calibrado, y cambiar solo la tasa base altera mucho su valor predictivo. Los datos de grupo no autorizan por sí solos una conclusión individual, y una estimación hacia el futuro no prueba hacia atrás que alguien cometió un hecho. Propongo un estándar de uso que incluye incertidumbre e hipótesis alternativas.